La Junta de Andalucía ha comunicado este lunes que el Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto ley de medidas urgente en materia de vivienda, un plan de choque con el que la Junta de Andalucía pretende facilitar el acceso a la vivienda con medidas que permitan la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años. Entre las medidas, el Decreto ley contempla ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, autorizar mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO, crear una bolsa de suelo con los ayuntamientos e incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos.

En este marco se destaca que Andalucía ya había iniciado la tramitación de su Ley de Vivienda, pero se ha querido anticipar algunas medidas dentro de este plan de choque para su aplicación con carácter urgente. El Decreto ley se marca como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización. Así, se permitirá que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas. Ademásy según este anuncio se podrá aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que sean protegidas. En las parcelas para vivienda libre se podrá incrementar un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad de manera proporcional. Mientras, en las parcelas para vivienda protegida, el incremento también podrá ser del 20% y la edificabilidad del 10%.

Además, la Junta de Andalucía anuncia que permitirá edificar viviendas protegidas en las parcelas, sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respeten una serie de límites que garantizan el equilibrio entre los usos residenciales y los equipamientos y la adecuada integración de las actuaciones en el entorno urbano.

Las licencias para los proyectos de vivienda deberán solicitarse en un plazo máximo de dos años y las viviendas deberán construirse en un plazo de tres años. Para ello, será necesario un acuerdo municipal en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto para aplicar las medidas en función del desequilibrio entre demanda de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible.

En segundo lugar, se promueve la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos, según ya establece la Lista. La novedad que incorpora este Decreto ley es que esta compatibilidad se podrá aplicar, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, cuando las parcelas de equipamiento no tengan uso específico o estén calificadas con el uso genérico de interés público y social.

El plan impulsado de la Junta de Andalucía también pone en marcha medidas como la posibilidad de incorporar promociones con un número significativo de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que supondrá una mayor agilización en su tramitación, con la condición de que los proyectos residenciales sean de, al menos, 250 viviendas protegidas. También podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida y que implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible. Esta incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyecto debe ir aparejado al compromiso del ayuntamiento de tramitar de urgencia todos los procedimientos de su competencia.

 

Bolsa de suelo

Las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía buscan también la implicación de los promotores para que se involucren en la construcción de viviendas protegidas. Entre estas medidas está la creación de una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a «precio asequible». Según este decreto los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas. En paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. Este sistema permitiría comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los promotores a la financiación, teniendo os ayuntamientos las competencias para desarrollar y simplificar más este procedimiento.

Además, y según este decreto, los promotores podrán acceder a incentivos para la construcción. Por un lado, podrá acceder a los préstamos de los fondos europeos Next Generation para promover vivienda en alquiler asequible, que aporta mejores condiciones que las del mercado. De igual forma, la Junta de Andalucía abrirá nuevas convocatorias, la próxima este mismo año, de su línea de subvenciones para que los promotores construyan viviendas en «alquiler asequible», con «precios limitados», sobre suelos públicos o privados y que al menos se mantengan durante 20 años. Las subvenciones podrían alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda que se construya.

Por último, el Plan Vive en Andalucía se alinea a los objetivos de este plan. De esta manera, se actualizan los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la vivienda protegida en cada municipio para facilitar su construcción. Así, hay un primer grupo con las capitales de provincia, municipios de más de 25.000 habitantes, para que la diferencia con el precio de la vivienda libre sea, al menos, de un 25%; municipios con una alta demanda de vivienda, municipios que dan continuidad a los tejidos urbanos de las capitales o aquellos que tienen condiciones excepcionales por su actividad industrial o económica.

Igualmente, se amplían los destinatarios de viviendas protegidas, permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas. Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el Iprem para las viviendas de régimen general, y hasta 7 veces el Iprem en régimen de precio limitado.

En este marco se destaca la aprobación del Plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030 y, posteriormente, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), que ha permitido agilizar la tramitación de los planes urbanísticos y su ejecución.

También se remarca que las medidas puestas en marcha hasta la fecha por el ejecutivo autonómico han triplicado la promoción de viviendas protegidas en Andalucía, con 12.000 viviendas desde 2019 hasta el tercer trimestre de 2024, y se indica de que la mayoría se han desarrollado a través de líneas de trabajo como un programa, pionero en Andalucía, de subvenciones a promotores públicos y privado. Desde 2019 se han tramitado 311 millones de euros en subvenciones para 154 promociones en alquiler a precio asequible. Las nuevas medidas pretenden duplicar el ritmo de construcción de viviendas protegidas en los próximos años.

La Consejería de Fomento prevé que no sólo suponga la reactivación del mercado con la construcción de 20.000 viviendas protegidas en cinco años, sino que suponga también un elemento de refuerzo de la economía andaluza. Para la consecución de este objetivo, la Junta requiere de la participación de todo el sector: desde las diferentes administraciones, sobre todo los ayuntamientos, hasta los promotores públicos y privados, los agentes sociales y económicos, los colegios profesionales, las entidades financieras y las empresas de la construcción.